En una nueva edición de la sesión ordinaria del H. Congreso del Estado, la legisladora Diputada Karina Banda Iglesias, presentó una iniciativa para reformar el Artículo 6 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, encaminado en reconocer el Derecho de los padres, tutores o quien ejerza la patria de potestad a educar a sus hijos o pupilos formando así una sociedad más sana y justa que logre un mayor desarrollo como Estado y como nación.

Una educación de calidad es sin duda una preocupación no solo para los padres, sino también para el Estado y la sociedad en general pues se trata de una actividad que es trascendental para la vida pública, donde cada actor implicado en el proceso educativo escolar cumple una función y un papel acorde a sus posibilidades.

Conforme a la reforma propuesta, el Estado debe garantizar y proteger efectivamente en las escuelas la libertad de enseñanza que tienen los padres de familia para educar a sus hijos o pupilos, según sus preferencias y el tipo de educación que desean transmitirles, respetando siempre los derechos humanos de los hijos o pupilos. De esta manera, el Estado actúa como colaborador subsidiario y no como sustituto de los padres ni como agente ideológico conforme a la condición de laicidad por la que debe regirse la educación mexicana.

Los padres, tutores o quienes ejerzan la patria de potestad tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos o pupilos con la responsabilidad de cuidar, proveer, conocer, disciplinar e instruir de manera adecuada y bajo la observancia de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Por su parte, las autoridades municipales, educativas y escolares colaborarán para que los padres, tutores o quien ejerza la patria de potestad cumplan con la obligación de enviar a sus hijos o pupilos a la educación básica y media superior.

Dentro de la misma Sesión la Congresista Karina Banda presentó una relevante Iniciativa de Reforma al Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2020 contenida en el Proyecto de Decreto respectivo.

Dicha reforma tiene el propósito prevenir el acoso y la violencia escolar en las escuelas de Aguascalientes, de ahí su importancia en el sector educativo e incluso en el de seguridad pública.

El año pasado, el H. Congreso del Estado en sesión ordinaria de la sexagésima cuarta legislatura aprobó el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del año 2020, el cual asciende a un monto de $27,019’609,000, no obstante, no se contempla recursos para el Programa de denuncias de acoso escolar de manera electrónica y herramientas digitales dentro del recurso destinado al Instituto de Educación de Aguascalientes.

Esta situación ha generado que no se pueda llevar a cabo la Cruzada Estatal de Prevención en las escuelas y universidades, programadas para los meses venideros del año en curso.

Es por ello que, en un nuevo análisis de la ejecución del gasto público, se estima que resultaría adecuado que el Instituto de Educación de Aguascalientes fuera el encargado de disponer del recurso para dicho programa por un monto de $1´000,000.

La presente reforma, añadió finalmente la Legisladora Karina Banda, no significa un incremento al presupuesto, sino una adecuación presupuestal en el monto ya aprobado por el H. Congreso del Estado. En consecuencia, con el propósito de garantizar un adecuado manejo de los recursos públicos, así como prevenir este acoso y la referida violencia escolar en las escuelas de Aguascalientes.

Referente al Código Electoral, se puede destacar en la presentación de la Diputada Karina Banda al Pleno del Congreso la Iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Aguascalientes. En ese espacio detalló:

En México ha cobrado relevancia la necesidad no sólo de avanzar hacia la adopción de normas paritarias sino también, de construir una sociedad cimentadas sobre una cultura de respeto hacia la mujer en todos los aspectos de la vida.

Las expresiones de violencia contra las mujeres son tan diversas y se dan en ámbitos tan variados como el familiar, laboral, docente, comunitario o institucional, tanto en público como en privado.  En este sentido, la violencia política contra las mujeres, objeto de la presente iniciativa, puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida.

Esta expresión de la violencia de género, asociada a la ausencia de condiciones de igualdad en el espacio político electoral, constituye el principal obstáculo para avanzar hacia una democracia realmente verdadera y efectiva. A tal efecto se establece la necesidad de acompañar los marcos normativos orientados a promover la participación política de las mujeres y la paridad de género con el diseño de reformas y adiciones legislativas capaces de garantizar el ejercicio de los derechos políticos de este grupo social libres de toda forma de violencia.

Al respecto, el Estado mexicano se ha preocupado por realizar una serie de modificaciones de leyes e instituciones, desde la perspectiva de género, cuyo proceso se ha dado de manera gradual y de la mano con la transición a la democracia en nuestro país.  Sin embargo, a pesar de los avances legislativos a favor de la participación política de las mujeres, éstas siguen sufriendo violencia en los ámbitos de los partidos políticos, los cargos de elección popular y en la administración pública; asimismo, la violencia contra ellas en política tiene distintas manifestaciones entre las que destacamos la psicológica, la física, la económica, la sexual y la simbólica.

En estas manifestaciones de violencia, se reconoce que las víctimas potenciales pueden ser votantes, candidatas, políticas electas, periodistas del ámbito político, así como burócratas dentro de la administración pública.

En razón de lo anterior, para realizar la presente propuesta, se realiza un análisis exhaustivo de algunos marcos normativos con el propósito de exponer una realidad y la oportunidad que tenemos como legisladores para actuar contra la violencia política de género. Las estrategias que se detectan son incorporar prescripciones específicas en ciertas leyes electorales y en materia de protección a la mujer, así como en el diseño de la norma paritaria que tiendan a desalentar este tipo de prácticas; a la vez, establecer marcos normativos contra la violencia política de género sustentados sobre instrumentos jurídicos nacionales e internacionales preexistentes.

De ahí que, atendiendo a los criterios y a la facultad interpretativa de las autoridades jurisdiccionales, tanto locales como federales, se ha venido evidenciando la necesidad de reformar el actual Código Electoral del Estado, para dar claridad y certeza a las reglas electorales, así como para abarcar las expansión de derechos político-electorales que se ha reconocido a través de estas instancias.

Asimismo, el pasado mes de noviembre del año dos mil diecinueve, se realizó un Foro en coordinación interinstitucional entre las Diputadas y los Diputados de la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Aguascalientes, la Magistrada y los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes y las Consejeras y los Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, en el que se captó por parte de la ciudadanía, Partidos Políticos y autoridades locales, propuestas concretas para reformar el Código Electoral para el Estado de Aguascalientes y de esta forma, mejorar la legislación electoral local tomando en cuenta sus posicionamientos como operadores de la norma.

De esta forma, el trabajo que ahora se propone pretende otorgar más puntos de vista en el trabajo legislativo, aunado al de la sociedad civil y demás actores políticos, que todo en su conjunto, abonan a una construcción sólida democracia.

Como consecuencia, en el dicho proyecto, se abordan temas como: incremento de porcentaje de financiamiento público para la capacitación de las mujeres dentro de los partidos políticos, la incorporación de nuevas demandas en la actualidad, delimitar el marco de actuación de las y los servidores públicos en materia electoral, creación de sistemas y notificaciones electrónicas que faciliten la comunicación entre las y los actores políticos, adecuación de procedimientos para evitar falta de claridad o contraposición entre normas, nuevas obligaciones a las autoridades electorales en beneficio del principio de rendición de cuentas y transparencia, reforzamiento en la protección de menores de edad y homologación de la redacción del Código para crear el primer código local en el país con lenguaje incluyente de género en su totalidad. 

Por anterior, la legisladora Karina Banda consideró que el avance democrático en Aguascalientes dará un gran paso real y tangible para el desarrollo en todos los ámbitos en dichos términos de igualdad y respeto con la participación real de las mujeres iniciando en el ámbito político-electoral.

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