La etapa de espera que determinó la autoridad estatal para definir un probable incremento en la tarifa del servicio de camiones urbanos y suburbanos tiende a ser una estrategia electorera, señaló la presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Libre de Aguascalientes, Emma Ramírez López.
“Evidente que esperarán a que termine el proceso electoral para castigar a la población con una nueva tarifa”, indicó con relación al plazo que fue establecido de tres meses para que supuestamente la población perciba una mejoría.
Hay que entender que ATUSA aún mantiene bajo control el servicio, aunque se nos diga que ya opera como empresa o que el Gobierno del Estado tiene la rectoría. Indudablemente que es un poder camionero difícil de romper, afirmó.
“ATUSA es una agrupación que no sabe rendir cuentas ni dar resultados. A lo largo de su historia se ha dedicado a mentir, a traicionar al usuario. No es creíble que de la noche a la mañana se enmiende y que ahora sí vaya a cumplir con su obligación de dar un servicio de calidad a los usuarios de Aguascalientes”, añadió Emma Ramírez.
Consideró que hay indiferencia y complicidad de las autoridades competentes con los concesionarios. Juntos buscan la rentabilidad del transporte pero se olvidan de las necesidades laborales y de capacitación de los choferes. Los siguen dejando con jornadas laborales extraordinarias, en no darles prestaciones ni mejorar sus salarios.
Mencionó también que las tarifas preferenciales que se establecen en la Ley de Movilidad, con 50 por ciento de descuento para estudiantes, personas de la tercera edad y con discapacidad, han quedado a criterio y la voluntad de quien conduce la unidad.
Dijo también que el sistema de transporte público carece de supervisión. Es por eso que siguen incumpliendo rutas y horarios y que circulen unidades que son verdaderas chatarras.
También el peatón y el ciclista son los que más pierden porque se sigue priorizando a los vehículos automotores.
Emma Ramírez López reclamó además la participación de los ayuntamientos en la definición de políticas públicas relacionadas con el transporte público y que sean parte de los beneficios que recibe el Estado.
En cuanto al Consejo Consultivo, el que presuntamente analiza y aprueba los aumentos en el pasaje, señaló que debe estar representado por expertos en el tema. También cuestionó la intervención del llamado Observatorio Ciudadano que apareció de la noche a la mañana para supuestamente legitimar las decisiones que se toman en el Consejo, pero que a final de cuenta se vuelve cómplice de las decisiones que poco o nada benefician a la ciudadanía.
“Apostamos a un mejor transporte público moderno, accesible y seguro, pero también ajeno a intereses individuales y a los beneficios del partido en el poder”, finalizó.
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